¿Qué es lo que lleva a las familias a acudir a la justicia?

El acceso a la justicia de niños con discapacidad intelectual (Mónica Sumay).

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Carme, directora, 9/07/2016

La Fundación Gerard es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la la promoción de las personas con Diversidad Funcional y de sus familias, en especial en lo que se refiere a su INCLUSIÓN y su AUTODETERMINACIÓN, como pilares de su proyecto vital, a través de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida como instrumentos principales de crecimiento personal y social.

Nuestra estrategia principal es dirigir gran parte de nuestras acciones al conjunto de la sociedad en su diversidad, entendiendo la Inclusión como un valor que implica y enriquece a la totalidad de las personas.

En nuestro día a día ayudamos a muchas familias que desean que la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad sea una realidad en sus hijos, pero desgraciadamente la realidad es bien diferente. Intentamos intervenir en aquellos aspectos clave, en los obstáculos que impiden el ejercicio y disfrute de dichos derechos, de forma particular con cada familia, y les acompañamos en el proceso de reclamación y reivindicación de los mismos, intentando si es posible no llegar a la vía judicial. Pero somos conscientes que la labor que desempeñamos es insuficiente, porque nos enfrentamos a un entramado en el que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo los dos primeros, siguen actuando en pro a un modelo social excluyente de la diversidad funcional basado en el modelo médico-rehabilitador, promoviendo la institucionalización y la educación en CEE. La sociedad en general, vive ajena a todo esto, mirando para otro lado y no reconociendo el problema como suyo, tal y como se le ha enseñado y como lo ha aprendido. Esto es la consecuencia de una visión y un modelo que utiliza los tratados internacionales como elementos puramente estéticos, de apariencia, detrás de los cuales subyacen intereses diversos bien contrarios, a los que no se puede hacer frente si no es desde la sociedad entera y desde cada uno de los sistemas y subsistemas que la conforman.

¿Qué es lo que lleva a las familias a acudir a la justicia?

Principalmente la gran dificultad por no decir la imposibilidad de resolver el problema administrativamente. El incumplimiento de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos es sistemático y generalizado en todo el territorio español. La acomodación de las leyes y políticas inclusivas es muy lenta y todavía la Administración se rige por normativas que incumplen claramente con la Convención. Esto sucede en todos los ámbitos, pero voy a destacar el educativo, por ser la base del desarrollo humano y social y por ser el contexto en el que más familias deciden acudir a la justicia por vulneración del derecho a la educación inclusiva especialmente.

En el ámbito educativo se vulnera dicho derecho al derivar a los alumnos con diversidad funcional a centros excluyentes de educación especial, supeditando tal decisión a un dictamen técnico y a una evaluación psicopedagógica basada en el modelo médico –rehabilitador, contrario a la Convención. La inclusión educativa queda pues al alcance de solo unos pocos, aquellos cuyo nivel académico y curricular no diste demasiado del de sus compañeros de curso, y que además tengan un comportamiento impecable. Y aun así, se vuelve a filtrar todavía más si cabe, pues determinadas etiquetas diagnósticas como el Autismo pesan más que otras, ya que conllevan creencias y asociaciones erróneas con trastornos mentales y otras cuestiones que inducen de forma equívoca e injusta mucho miedo en el entorno social.

La inclusión educativa en nuestro país no existe más que en las estadísticas que encubren una falsa inclusión carente de los aspectos esenciales que conformarían el estándar mínimo. Por un lado la existencia de los CEE como opción educativa, recomendada y obligada en muchos casos por la propia Administración educativa, siendo la mayor parte de ellos de carácter privado o concertado., y a los que se destina una parte importante del presupuesto. No existe ningún Plan estatal para erradicar estos centros o para reconvertirlos .Existe un interés en mantenerlos como opción a la que se obliga literalmente a muchas familias porque hay que llenar sus plazas. Por otro lado, la dotación de recursos a los CEE priva a la escuela ordinaria de tener los recursos suficientes para proporcionar los apoyos requeridos en cada caso. El interés en mantener y promocionar los centros excluyentes han llevado a tal precariedad en la escuela ordinaria que como solución la Administración está implantando y generalizando un modelo de inclusión basado en aulas específicas dentro de los centros ordinarios, que a la hora de la verdad funcionan como un gueto donde los alumnos en muchos casos están hacinados, con mínimos recursos y compartiendo aula con edades dispares, desde infantil hasta incluso los 18 años. Este modelo se está vendiendo como inclusivo, y como la solución a la escasez de recursos, que como he dicho no es tal, ya que los recursos sí existen, engrosando el modelo de exclusión. Este modelo de aulas específicas es el responsable de que las estadísticas hablen que alrededor de un 60-70% de los alumnos con diversidad está en inclusión, pero ya sabemos que los datos son eso, solamente datos, que nada nos explican sobre el fondo de la cuestión. El resto de alumnos que está en una escuela ordinaria con apoyos, y no está en dichas aulas específicas, está supeditado a la suerte de que año tras año le renueven la dotación de recursos, de que estos sean los adecuados, o de que no se les necesite para cubrir una plaza en un CEE.

La realidad como he explicado, es muy distinta a como nos la presentan. Tanto a nivel personal como desde la organización a la que represento conocemos muy de cerca esta cuestión. Acudir a la justicia es una opción a la que no se debería llegar. Si se está utilizando esta vía es porque la situación es insostenible. No puede ser que se siga legislando y actuando sin tener a la Convención de la ONU como marco de referencia y de partida. Por ello, desde la Fundación Gerard, desde el conocimiento y la experiencia que tenemos en este campo,

1-Sabemos que el problema no es la falta de recursos

2-Sabemos que para avanzar de forma cualitativa y no solamente cuantitativa es necesario:

         -La desaparición o reconversión de los CEE, en el mínimo tiempo posible y de forma progresiva. No más matriculas nuevas en estos centros, e incorporación progresiva en la escuela ordinaria de los alumnos, y de los recursos humanos y materiales que se encuentran en los dichos centros.

3-Sabemos que la PRESENCIA es una condición indispensable, que la inclusión se hace haciéndola, y para ello hay que estar.

4-Sabemos que también es necesario para ello basar todo este proceso en un modelo social y sistémico, tal y como recoge la Convención, desterrando de una vez por todas el modelo médico-rehabilitador, y alejando del ámbito educativo los aspectos relacionados con las etiquetas diagnósticas y con la salud mental.

5-Y sabemos por supuesto que el enfoque debe abarcar a toda la sociedad, porque la INCLUSION es un derecho de TODOS, es un sistema en el que las relaciones entre sus miembros son múltiples y en todas direcciones. Por tanto es necesario también cambiar la visión reduccionista por una visión sistémica. Mientras se siga focalizando el problema en las personas con diversidad funcional, las soluciones seguirán constituyendo parches que no solo perpetúan el problema sino que lo agravan. Es como intentar poner un coche a 200 cuando está diseñado para no sobrepasar los 150. Si realmente queremos avanzar con la Convención, es necesario cambiar el diseño, el modelo, el enfoque, la visión.

En conclusión, nos encontramos en un momento crítico, con una tendencia involutiva, a pesar de que la Administración diga lo contrario, en el que se hace necesario pasar a la ACCION, pisar terreno y caminar todos en la misma dirección sin mirar atrás. Cambio de Visión, adoptar un enfoque social y sistémico que englobe a toda la sociedad, desaparición o reconversión de los CEE y partir de la PRESENCIA de todos con todos como condición indispensable para la participación y el éxito, en definitiva, para la INCLUSION.

No es suficiente con teorizar, con elaborar documentos y con divulgar, concienciar, informar y formar desde la palestra. El mundo académico y el judicial, a modo de extremos del proceso cobran vital relevancia en ese pasar a la ACCION: el primero, el académico, porque está en la base del mismo. Es el que forma a futuros ciudadanos en conocimientos, en visión y en actitud, y también porque investiga, diseña y mejora modelos que luego la sociedad adopta; y el segundo, el judicial, porque es la última esperanza de los que lo han intentado todo por defender los derechos de los suyos. Las alianzas entre el sistema académico y judicial con otros ámbitos de la realidad social y la necesidad que los primeros conozcan de primera mano y sin filtros cómo se están gestionando en la práctica los derechos humanos recogidos en la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, son ambas cuestiones que deberían apuntarse como objetivos indispensables en una hoja de ruta que realmente nos permita avanzar hacia dicha Convención.

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