Documentos legales

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

El Reino de España ha firmado y ratificado esta Convención, más su Protocolo facultativo, por lo que desde el pasado 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español.

La presente ley tiene por objeto la promoción del bienestar personal y social de los niños y los adolescentes y de las actuaciones de prevención, atención, protección y participación dirigidas a estas personas con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos, la asunción de sus responsabilidades y la consecución de su desarrollo integral.

La presente ley fija el marco en el que deben llevarse a cabo las actividades de participación y promoción de los derechos y del bienestar de los niños y los adolescentes, y las actividades para atenderlos y protegerlos en las situaciones de riesgo o de desamparo.

El RD-Legislativo refunde en esta las tres principales leyes marco dictadas en España desde 1982, la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. Del mismo modo, estas tres leyes quedan derogadas, y todas las referencias y remisiones legales a dichas leyes se entienden referidas a partir de ahora a esta.

La nueva ley actualiza los términos, definiciones, principios y contenidos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello supone el reconocimiento expreso de que son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno.
Establece nuevos plazos para las Condiciones básicas de la accesibilidad ya previstos en la Ley 51/2003, especialmente de los “Bienes y servicios a disposición del público”, cuyos plazos oscilan del 2015 al 2017.
La nueva Ley regula además cada uno de los ámbitos sociales, siguiendo una estructura por capítulos y áreas similar a la Convención. De este modo, se regulan en capítulos sucesivos, el derecho a la igualdad, a la protección de la salud, a la atención integral, a la educación, a la vida independiente, al trabajo, a la protección social, y a la participación en los asuntos públicos.
El Título II está dedicado a la Igualdad de oportunidades y no discriminación, describiendo las medidas contra la discriminación y las medidas de acción positiva. La Oficina Permanente Especializada pasa a llamarse Oficina de Atención a la Discapacidad; permanece el Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya composición y funciones se volverán a regular reglamentariamente.
Asimismo, la norma incluye, también por primera vez, las definiciones de todos los tipos de discriminación, directa e indirecta, ya contempladas, a las que se añaden la discriminación por asociación y acoso, con el fin de completar el marco jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
Si bien la nueva ley no añade cambios sustanciales, sin duda simplifica y clarifica la dispersión existente hasta ahora en las leyes derogadas, y elimina las posibles contradicciones conceptuales que pudieran producirse entre textos tan dispares y alejados en el tiempo.

Transcurridos 20 años desde la publicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, esta norma tiene por objeto complementar la inminente Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (conocida como Ley del menor).

Esta norma entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir el próximo 12 de agosto.

Contenido más relevante:

1. Fijación del concepto de “interés superior del menor” (nueva redacción del art. 2 LO 1/1996).

2. Derecho del menor a ser escuchado (nueva redacción de los arts. 9 y 10 LO 1/1996).

3. Ingreso de menores en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta (nuevo Capítulo IV del Título II de la LO 1/1996, arts. 25 a 35).

4. Nuevos procedimientos judiciales (nuevos arts. 778 bis y 778 ter LEC).

5. Trata de seres humanos (Nueva redacción del art. 59 bis 2 de la LO 4/2000, reguladora de los derechos de los Extranjeros en España).

6. Menores víctimas de violencia de género (Nueva redacción de los arts. 1.2, 61.2, 65 y 66 de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

 

CompartirShare on Facebook